martes, 14 de marzo de 2023

OCUPACION O USO DE VIVIENDA CONSENTIDA POR LA MITAD DE LOS PROPIETARIOS. ACCION DE DESAHUCIO POR PRECARIO.

 


OCUPACION O USO DE VIVIENDA CONSENTIDA POR LA MITAD DE LOS PROPIETARIOS. ACCION DE DESAHUCIO POR PRECARIO.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su reciente sentencia 198/2023 de 9 de febrero, ha decidido que los copropietarios del 50% de una vivienda que estaba ocupada con autorización del otro 50% de los propietarios, están legitimados para ejercer frente a los ocupantes la  acción de desahucio por precario para que la desalojen.

Lo peculiar de este asunto es que dicha ocupación había sido autorizada por la copropietaria de la otra mitad indivisa del pleno dominio del inmueble.

El Alto Tribunal admite la legitimación activa de los demandantes, copropietarios del 50% de las cuotas de propiedad.

Los actores no pretenden que se reconozca su facultad de uso, ni un sistema de uso por turnos. Tampoco invocan un acuerdo de la mayoría, inalcanzable en este caso, de cesión del uso a un tercero. Únicamente pretenden que la vivienda quede desocupada para proceder a su división, con adjudicación a uno de ellos indemnizando a los demás o venta y reparto del precio.

Resulta evidente que el uso de la parte demandada se basa en la sola voluntad de la copropietaria titular del 50% de la vivienda que, por tanto, no ostenta la mayoría y carece del poder de disposición en exclusiva del derecho de uso sobre la vivienda.

En definitiva, los copropietarios demandantes están legitimados para el ejercicio de la acción de desahucio por precario frente a los demandados, cuya posesión trae causa de la cesión gratuita del uso por parte de la otra copropietaria, sin beneficio alguno para los demás interesados en la cosa común, algo bastante frecuente entre coherederos, en el que uno de ellos, antes de repartirse la herencia, hace un uso exclusivo y excluyente de un inmueble.

viernes, 10 de marzo de 2023

SUBSANACION DEL CATASTRO Y DEVOLUCION DEL IMPORTE ABONADO EN EXCESO

 


El TS reitera que la alteración de la descripción catastral, adoptada en un procedimiento de subsanación de discrepancias y de rectificación, no tiene efectos retroactivos.

 

SENTENCIA 1505/2022, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

 

- Fijación de doctrina y resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.

 

De conformidad con el artículo 93.1 LJCA, en función de lo razonado precedentemente, sobre la base de la doctrina expresada, entre otras, en la sentencia núm. 588/2020 de 28 de mayo, rca. 4740/2017 procede declarar que la alteración de descripción catastral, adoptada en un procedimiento de subsanación de discrepancias y de rectificación del art. 18.1 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario se proyecta sobre situaciones y hechos anteriores al acto que le pone fin, careciendo, en consecuencia, de efecto retroactivo, al margen de las circunstancias concurrentes.

 

Aplicación de la doctrina jurisprudencial a los casos concretos en los que la subsanación o rectificación (errores que afectaban a las tipologías constructivas, reparto de elementos comunes, cómputo de superficies construidas, clasificación del suelo), se solicitó su subsanación, implica haber tributado sobre bases imponibles constituías por unos valores erróneos, correspondiendo la devolución del exceso haber abonado .

 

El resultado de este recurso de casación, aplicada la doctrina establecida al caso que examinamos, es que es improcedente que el valor acordado por la Administración en el procedimiento de oficio habilitado en el artículo 18 TRLCI pueda proyectarse sobre situaciones y hechos anteriores al acto que le pone fin, al margen de las circunstancias concurrentes.

 

 Sin embargo, lo que se infiere de la doctrina del Supremo, en particular, de la sentencia de 3 de junio de 2020 es que, en sede tributaria, se pueda proyectar esa subsanación de deficiencias con relación a las liquidaciones correspondientes, por ejemplo, a través del procedimiento de  devolución de ingresos, con plazo de 4 años de prescripción.

martes, 29 de noviembre de 2022

ACCION REIVINDICATORIA Y PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE LA PROPIEDAD

 En fechas recientes se  ha notificado a nuestro Despacho,  COLADAS RIVAS ARNAIZ ABOGADOS, la sentencia de Primera Instancia que desestima la demanda reivindicatoria formulada contra nuestros clientes y reconoce la usucapión extraordinaria en relación con un inmueble que venían poseyendo desde hacía más de 30 años.

La sentencia, que no es firme pues puede ser recurrida en apelación, hace un repaso a los requisitos de la adquisición por usucapión extraordinaria, del modo siguiente:

 

“Segundo se desprende do disposto nos referidos preceptos, para que concorra a adquisición do dereito de propiedade aquí controvertido a través do instituto da prescrición, (prescrición extraordinaria alegada neste caso), é necesario que concorran e se acrediten fehacientemente os seguintes requisitos: posesión en concepto de dono, pública, pacífica e ininterrumpida durante trinta anos.

Tal posesión ademais de ser pública, pacífica e ininterrumpida por un período de tempo superior a trinta anos, considera esta Xulgadora que resulta ser en concepto de dono.”

 

A continuación, la sentencia analiza también los requisitos que la jurisprudencia exige para entender probada la reivindicación sobre la propiedad de un inmueble:

“Finalmente, compre sinalar que, examinada a documentación achegada a autos polos demandantes, considera esta Xulgadora que tampouco concorren os requisitos xurisprudencialmente esixidos para que a acción reivindicatora puidese prosperar aínda que non se considerase prescrita a referida acción nin adquirida a titularidade do inmoble por prescrición.

Numerosas sentenzas do Tribunal Supremo definiron a acción reivindicatoria, entre elas a sentenza de 22 de maio de 2015, como a acción que pode exercita-lo propietario non posuídor contra o posuidor non propietario para esixi-la restitución da cousa. Esta acción permite ó propietario reclama-la entrega da cousa que lle pertence e que se atopa en poder dalguén que carece de título para tal posesión.

Para que devandita acción resulte acollida resulta imprescindible a concorrencia dos tres clásicos requisitos xurisprudencialmente determinados:

1.- En primeiro lugar, é preciso o título de dominio que acredite o dereito de propiedade do demandante, que xustifique que é o titular lexítimo do dominio sobre o inmoble, dereito ademais que debe materializarse nos termos dos artigos 609 e 1095 do Código Civil.

2.- En segundo lugar, o inmoble obxecto de vindicación de estar perfectamente identificado en tódolos seus elementos: ubicación, cabida e lindeiros. En relación a este requisito debemos precisar tamén que tal identificación debe producirse non só no plano teórico dos documentos senón tamén sobre o terreo, é dicir, non é suficiente con que se describan as características do inmoble senón que resulta imprescindible que a esa descripción teórica da superficie en cuestión apareza reflectida sobre o terreo mesmo, resultando necesario que exista unha identidade fora de toda dúbida entre o terreo tal e como se describe nos referidos documentos e tal e como

se presenta este na realidade física.

3.- Finalmente, resulta tamén necesario que se acredite a detentación ou posesión da finca por aqueles fronte ós que se exercita a acción reivindicatoria en cuestión.”

 

Por último, advierte sobre la obligación que tiene el demandante de una acción reivindicatoria respecto a la prueba de los anteriores requisitos:

 

“Non hai que esquecer tampouco as regras relativas á carga probatoria previstas no artigo 217 da Lei de Axuizamento Civil, segundo o cal será a parte que exercita esta acción quen deberá acrditala concorrencia dos requisitos antes referidos.”

lunes, 21 de noviembre de 2022

DEVOLUCION DE PLUSVALIA MUNICIPAL EN APLICACION DE LA STC 18/2021.

DEVOLUCION DE PLUSVALIA MUNICIPAL EN APLICACION DE LA STS 18/2021. En fechas recientes ha sido resuelta por el Tribunal Económico-administrativo
del Concello de Vigo, la reclamación interpuesta contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la solicitud de devolución de ingresos indebidos por importe de más de 24.000 euros derivados del pago de la denominada Plusvalía municipal ocasionada por una transmisión mortis causa. El Tribunal económico ha acordado ESTIMAR la reclamación y ordenar la devolución de la plusvalía abonada por los clientes de nuestro despacho de abogados Coladas Rivas Arnaiz en base a la alegada jurisprudencia del Tribunal Constitucinal en sentencia 18/2021.

miércoles, 1 de junio de 2022

Coladas-Guzmán Y Rivas, Abogados anula RESOLUCION de orden de demolición por obras sin licencia en Vigo.

Coladas-Guzmán Y Rivas, Abogados anula RESOLUCION de orden de demolición por obras sin licencia en Vigo.
01.06.2022 | El equipo de abogados de Coladas-Guzmán y Rivas consigue anular la resolución que confirmaba una orden de demolición recaída sobre un inmueble en Vigo, por haber realizado obras de ampliación de una vivienda. El inmueble sobre el que recaía la orden de demolición se ubica en el municipio de Vigo. La Xerencia Municipal de Urbanismo, sin haber resuelto la solicitud de licencia para las obras, y tras haber contrastado que las mismas se habían ejecutado inició el correspondiente expediente de restauración de la legalidad urbanística, que terminó con la correspondiente orden de demolición de las obras. El Despacho recurrió la citada orden de demolición ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vigo y estos, han estimado nuestro recurso declarando nula la meritada orden de demolición. Esta sentencia aún no es firme, puesto que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

lunes, 13 de septiembre de 2021

ACUERDO DE APROBACION DE LA REVISION DEL PLAN XERAL DE ORNDENACION URBANA DE VIGO

El Pleno del Concello de Vigo en sesión de 26 de agosto de 2021 aprobó inicialmente el PXOM de Vigo. En esta entrada pretendo únicamente resumir los efectos suspensivos de la aprobación inicial, resulta ser una cuestión compleja, por lo que si necesita consejo puede contactar a través de este enlace: https://alegacionespxomvigo.com/ En primer lugar corto y pego el texto del acuerdo: Aprobar inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, na súa versión para aprobación inicial, datado en xullo do 2021 e asinado electrónicamente polo arquitecto director e coordinador D. Alfonso Revilla Díaz, que foi presentado polo equipo redactor en data 05.08.2021 co seu Estudo Ambiental Estratéxico, e que se completa co resumo executivo presentado o día 31.07.2021. Este acordo determina, por aplicación dos artigos 47.2 da LSG e 86.2 do RLSG e con efectos desde a publicación oficial do acordo, a suspensión automática do procedemento de outorgamento de licenzas naqueles ámbitos nos que as novas determinacións supuxesen a modificación da ordenación urbanística vixente, A dita suspensión, que terá unha duración máxima de dous anos, non afectará aos supostos previstos no artigo 86.3 do RLSG e extinguirase, en todo caso, coa aprobación definitiva do planeamento (artigo 47.2 da LSG). SEGUNDO. Abrir un trámite de información pública por un prazo de tres meses, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia. A documentación sometida a información pública abarcará todos os documentos do expediente tramitado, incluídos o resumo executivo, o estudo ambiental estratéxico e un resumo non técnico do estudo ambiental estratéxico e estará tamén dispoñible na web municipal. TERCEIRO. Trasladar a documentación aprobada ao órgano autonómico competente en materia de urbanismo para que realice as consultas previstas no documento de alcance do estudo ambiental estratéxico, confira audiencia aos concellos limítrofes e solicite os informes sectoriais autonómicos preceptivos, que deberán ser emitidos no prazo de tres meses, transcorridos os que sen ser emitidos, entenderanse favorables. CUARTO. Recabar directamente os informes sectoriais preceptivos a emitir por Administracións distintas da autonómica, de conformidade coa normativa sectorial vixente e o anexo II, táboa 1 do RLSG.desde a publicación oficial do acordo. En segundo lugar, subo el enlace a la Certificación del acuerdo: http://xmu.vigo.org/docs/2021_REVISON_PXOM/PAF_2021_08_26.pdf PRIMERAS CUESTIONES: Efectos legales de la aprobación inicial. No son otros que los establecidos en el art. 47.2 LSG, es decir “a suspensión automática do procedemento de outorgamento de licenzas naqueles ámbitos nos que as novas determinacións supuxesen a modificación da ordenación urbanística vixente”. Y matiza el acuerdo: “co alcance previsto no resumo executivo, de acordo co apartado 4 do artigo 86 do RLSG.” Este artículo dice: “El documento en el que se recoja la suspensión incorporará un resumen ejecutivo, que deberá expresar, al menos, los siguientes extremos: a) En caso de que haya ordenación proyectada, delimitación de los ámbitos en los que esta altera la vigente, con un plano de su situación y determinación del alcance de dicha alteración. b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda el otorgamiento de licencias y la duración de dicha suspensión.” El resumen ejecutivo contiene 4 planos en el que compara la ordenación propuesta con la vigente, tomado como tal el PGOU de 1993, ( pero omitiendo el Instrumento de Ordenación Provisional), y el siguiente artículo 8: ÁMBITOS NOS QUE SE SUSPENDE A ORDENACIÓN OU OS PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN OU DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Conforme ao establecido no artigo 47.2 da LSG, o acordo de aprobación inicial da Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal determina, por si só, a suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do territorio en que as novas determinacións supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente. Dos apartados precedentes deste documento conclúese que a desactualización temporal e a desadaptación normativa do planeamento vixente -Plan Xeral de Ordenación Urbana de 1993- motiva que as determinacións da presente Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal, en si mesma efectuada no marco dun exercicio pleno da potestade municipal de ordenación, supoñan unha alteración da ordenación vixente en tantos e tan variados aspectos, que, en aplicación do establecido no artigo 77.23 da LSG, co acordo de aprobación inicial da Revisión do Plan Xeral, procede suspender o procedemento de outorgamento de licenzas de parcelación de terreos, edificación e demolición no conxunto do territorio do termo municipal de Vigo, agás naqueles ámbitos onde simultaneamente se cumpran as condicións do Plan Xeral de Ordenación Urbana vixente e as da Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobada inicialmente, nos seguintes termos: . En solo rústico, poderán outorgarse licenzas sempre que simultaneamente se cumpran as condicións do planeamento vixente e as do plan aprobado inicialmente, aplicando para o primeiro o establecido na Disposición Transitoria Primeira 2.d.) da LSG. . No solo de núcleo rural, sempre que simultaneamente se cumpran as condicións do planeamento vixente e as da revisión do plan aprobada inicialmente, aplicando para o primeiro o establecido na Disposición Transitoria Primeira 2.c ) da LSG. . No solo urbanizable, sempre que simultaneamente se cumpran as condicións do planeamento vixente e as da revisión do plan aprobada inicialmente, aplicando para o primeiro o establecido na Disposición Transitoria Primeira 2.b) da LSG. . No solo urbano, sempre que simultaneamente se cumpran as condicións do planeamento vixente e as do plan aprobado inicialmente, aplicando para o primeiro o establecido na Disposición Transitoria Primeira 2.a), da LSG. Igualmente poderán outorgarse licenzas nos seguintes ámbitos: . Nos ámbitos de ordenación que a Revisión do Plan Xeral incorpora como planeamento subsistente conforme ás Disposicións Transitoria Segunda, Terceira, e Cuarta, en tanto en canto acaden a súa consideración de solo urbano; e Disposicións Final Terceira, Cuarta, Quinta e Sétima da súa Normativa Urbanística, sempre que se cumpran as determinacións establecidas no seu planeamento coas modificacións e outras determinacións que, de ser o caso, estableza a Revisión do Plan. . No ámbito do Instrumento de Ordenación Provisional, aprobado en data 24.07.2019 ao amparo da Lei 2/2017 de 8 de febreiro, conforme á súa regulación, excepto no caso de que resultaran incompatibles coas determinacións da Revisión do Plan aprobada inicialmente por estar afectados por viais, zonas verdes, espazos libres, dotacións e equipamentos públicos ou en terreos afectados a sistemas xerais. Por último, poderán outorgarse: as licenzas que teñan por obxecto a realización de obras de mantemento, conservación e reforma, salvo no caso de obras de rehabilitación integral que sexan equiparables á reconstrución total do edificio non xustificadas en razóns de urxencia ou que supoñan un aumento do volume edificado; as licenzas de primeira ocupación, e os actos suxeitos ao trámite de comunicación previa cando se trate de obras ou actos para a implantación de usos ou actividades autorizados polo novo planeamento.. A suspensión de licenzas terá unha duración máxima de dous anos contando desde a devandita aprobación inicial, e en calquera caso extinguirase coa aprobación definitiva do planeamento. Resulta ser una cuestión compleja, por lo que si necesita consejo puede contactar a través de este enlace: https://alegacionespxomvigo.com/

lunes, 15 de febrero de 2021

COMPROBACION DE VALORES POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA.

 

El Tribunal Supremo en estos últimos meses nos da las pautas para recurrir con éxito las comprobaciones de valores relativas a la transmisión de bienes inmuebles.

UNA DE CAL...:

Doctrina jurisprudencial procedente que interpreta el artículo 57.1.e) de la LGT y el artículo 160.3 del Real Decreto 1065/2007.

El Tribunal Supremo en Sentencia 110/2021 de fecha 21 de enero de 2021 acuerda ratificar, mantener y reforzar la doctrina constante y reiterada sobre la necesidad de que el perito de la Administración reconozca de modo personal y directo los bienes inmuebles que debe valorar, como garantía indispensable de que se tasa realmente el bien concreto y no una especie de bien abstracto, común o genérico.

En particular:

a) ha de razonarse individualmente y caso por caso, con justificación racional y suficiente, por qué resulta innecesaria, de no llevarse a cabo, la obligada visita personal al inmueble;

b) La mera utilización de valores de venta de inmuebles semejantes, por comparación o análisis, requiere una exacta identificación de las muestras obtenidas y una aportación certificada de los documentos públicos en que tales valores y las circunstancias que llevan a su adopción se reflejan, de acuerdo con lo que ha establecido el TEAC en el criterio que recoge la resolución impugnada en la instancia;

c) en los casos en que el heredero o contribuyente se haya sometido, en su declaración o autoliquidación, a los valores de referencia aprobados por la propia Administración cesionaria del tributo de que se trata, la motivación ha de extenderse a la propia necesidad de la prueba de peritos, correctora de tales valores y, además, al desacierto de la declaración del contribuyente en ese punto.


Y OTRA DE ARENA:

¿Cómo se determina la duración de los procedimientos de gestión tributaria en fase de retroacción?:

A efectos de fijar la fecha de caducidad del procedimiento, cuando se anula un primer acto por vicio formal al que ha de seguir una nueva y ulterior liquidación que subsane el vicio detectado.

A este respecto, el tribunal hace suyo el criterio esgrimido por la Comunidad Autónoma para oponerse al recurso de casación, que a su vez sigue la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2018 (rec. núm. 315/2017), en la que se recogen los criterios interpretativos sobre los artículos 104.1 de la Ley General Tributaria y 66.4 del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, aplicables en este caso.

En esa línea, en supuestos como el que nos ocupa habría que diferenciar dos fases en el procedimiento de gestión iniciado para realizar una comprobación de valores.

La primera fase abarcaría el tiempo transcurrido entre el inicio del procedimiento y la fecha en la que haya tenido lugar el defecto formal que será determinante de la resolución anulatoria, momento que el tribunal identifica con la fecha del dictamen valorativo inmotivado que se acompañó y notificó con las propuestas de liquidación y no, como pretendían los recurrentes, con la fecha de recepción de la notificación de la primera liquidación, posteriormente anulada.

Dicho criterio se justifica en la sentencia porque, a pesar de que la anulación —como efecto de las infracciones legales—, en términos generales sólo es predicable de los actos finales susceptibles de impugnación —en este caso el acto de liquidación—, y no de los de trámite —como sería el caso del dictamen valorativo—, no parece lógica y razonable la merma prácticamente completa del plazo si el vicio formal se localiza en la resolución, como tampoco lo sería, salvo situaciones indeseables de abuso o contumacia, que el órgano decisor pudiera por sí solo integrar una motivación suficiente sin contar con el auxilio técnico de los funcionarios que deben sustentar tal motivación o asesorar sobre ella.

Por tanto, el lapso temporal calculado de la forma señalada habría sido el consumido en la primera fase del procedimiento.

Así pues, la segunda fase del mismo habrá de llevarse a cabo en el plazo de tiempo que resulte de restar del plazo de seis meses, el consumido en la primera fase.


A esos efectos, y con el fin de determinar las fechas inicial y final del citado segundo plazo, que habrá de ser computado para completar el plazo máximo de seis meses que determina la caducidad, son, respectivamente, la comunicación al órgano gestor de la resolución anulatoria, y la notificación de la nueva o segunda liquidación. Por tanto, no cabe considerar también incluido en dicho plazo —como pretendían los recurrentes—, el tiempo transcurrido desde las primeras propuestas de liquidación hasta la notificación de las primeras liquidaciones, posteriormente anuladas.